Existen varios aspectos interesantes y destacables de la recién publicada Ley 1/2019 de 20 de Febrero de Secretos empresariales.

En primer lugar, se debe tener en cuenta el concepto que se da al secreto empresarial en el sentido de tener un valor empresarial, real o potencial, precisamente dado su carácter secreto y que sea objeto de medidas razonables por su titular para mantenerlo en secreto.

Se regula la transmisión del secreto empresarial y el que pueda ser objeto de licencia para su utilización por terceros, con el alcance territorial o temporal que en cada caso se pacte, estableciendo que salvo pacto de contrario no puede cederse a terceros por quien pudiera utilizar la licencia en virtud de un contrato.

Se regula la posibilidad de ejercitar acciones civiles en defensa del sector empresarial, de tal forma que contra los actos de violación de secretos empresariales podrán, en especial, solicitarse:

  • La declaración de la violación del secreto empresarial.
  • La cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial.
  • La prohibición de fabricar, ofrece, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines.
  • La aprensión de las mercancías infractoras, incluida la recuperación de las que se encuentren en el mercado.
  • La indemnización de los daños y perjuicios.

Las acciones de defensa de los secretos empresariales prescriben en el transcurso de tres años desde el momento en que el titular del secreto tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial. También se contempla la posibilidad de interrumpir dicha prescripción.

Podrán adoptarse como medidas cautelares contra el presunto infractor para garantizar la efectividad de una la que en su día recaiga y, en especial, establece las siguientes medidas cautelares:

  • El cese o, en su caso, prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial.
  • El cese o, en su caso, prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines.
  • La retención y depósito de mercancías infractoras.
  • El embargo preventivo de bienes, para el aseguramiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios

La presente Ley entró en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado de 21 de Febrero de 2019