Llegan buenas noticias para afectados por reclamación de cláusula suelo.
Una sentencia del Tribunal Supremo rectifica a la Audiencia Provincial de Guipúzcoa que interpretó erróneamente el artículo 4.1 del RDL (Real Decreto Ley) 1/2017. Costas Procesales.
“Solamente si el consumidor rechazase el cálculo de la cantidad a devolver o declinase, por cualquier motivo, la devolución del efectivo e interpusiera posteriormente demanda judicial en la que obtuviese una sentencia más favorable que la oferta recibida de dicha entidad, se impondrá la condena en costas a esta”.
Como podemos observar, el artículo se refiere a que el consumidor se arriesgue al pago de las costas del juicio en caso de que solicite una revisión de la sentencia por no estar de acuerdo con las cantidades que los magistrados entienden que le correspondan, y no por rechazar la oferta que pueda ofrecernos la entidad financiera en un acuerdo privado precisamente para evitar acudir a la Justicia.
En cuestión, este consumidor tenía suscrito un préstamo hipotecario que incluía una cláusula de suelo con la Caja Rural de Navarra, y no llegando a acuerdo con la entidad financiera decidió acogerse al RDL 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusula suelo.
Llegado el juicio, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, no solo decidió privar al consumidor de las costas del juicio, sino que procedió a imponérselas generando un grave menoscabo económico al propio consumidor.
Pero gracias a esta nueva sentencia, el Tribunal Supremo subraya la imposibilidad de condenar en costas a un consumidor en base a lo dispuesto en el RDL 1/2017, revocando de este modo lo indicado por la Audiencia Provincial, aunque también advierte de que, en caso de apreciarse mala fe por parte del consumidor, se podrían buscar otras vías para sancionar al mismo por dicha mala fe, pero nunca basándose en la RDL 1/2017.
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