Aunque no existe una declaración explícita, todo parece indicar que estamos en presencia de una nueva obligación para las empresas de más de 50 empleados.
El pasado 4 de marzo quedó aprobado por el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley que establece la obligación de disponer de canales internos de denuncia que informen sobre determinadas infracciones normativas.
El anteproyecto de ley se dirige al sector público y al sector privado, regulando un sistema eficaz de protección a los denunciantes que informen sobre incumplimientos normativos en materias como blanqueo de capitales, seguridad alimentaria, salud animal, Hacienda Pública, Seguridad Social, protección de la intimidad, etc. y, de manera especial, sobre corrupción.
La nueva obligación afecta a las empresas de más de 50 empleados y a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales de cualquier tipo y a instituciones de orden público, como corporaciones locales y demás organismos.
La situación es la siguiente:
Un canal interno de denuncias significa tener implementado un sistema de compliance penal que tenga previamente identificadas aquellas normas que deben ser cumplidas y de cuya transgresión deba producirse una denuncia interna.
Los integrantes de la empresa de más de 50 empleados, así como los integrantes de cualquier organismo público, deberán disponer de un modelo de compliance que tenga establecidas de manera expresa:
- Las obligaciones y prohibiciones que quedan impuestas.
- Un plan de formación continua.
- Los procedimientos de supervisión y control.
- Los mecanismos de gestión del canal interno de denuncias.
- Los protocolos de acción ante la interposición de una denuncia.
Por eso decimos que el Anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros, aunque no de manera explícita, viene a imponer a las empresas de más de 50 empleados la obligación de implementar un programa de compliance penal. Sin él, no es posible gestionar un canal interno de denuncias.
