Las líneas de avales o préstamos ICO COVID-19 anunciados por el gobierno a principios de la pandemia, con una dotación de 20.000 millones de euros, están actualmente en riesgo de impago o impagados por muchas empresas que en estos momentos se encuentran incluso en concurso de acreedores.
Esta situación es realmente traumática para aquellos empresarios que, como personas físicas, podrían verse en la obligación de tener que hacer frente al pago del 100% de estas líneas de crédito con su propio patrimonio, cuando sólo deberían asumir una quinta parte del grueso de la misma.
Ante este grave panorama que se presenta, nuestros abogados en derecho bancario explican en qué consisten los préstamos ICO por el COVID-19, a que se enfrentan los empresarios que solicitaron dichos avales y cómo podemos hacer frente a este problema.
¿Qué son y cómo funcionan?
Para entender qué son los préstamos ICO COVID nos remontamos al año 2020, con el confinamiento decretado por el gobierno, en el que muchas empresas, pymes y autónomos se vieron obligados a detener su actividad.
Fue entonces cuando el gobierno, en previsión de esta situación sobrevenida y la consecuente posibilidad de repercusión en la economía del país, lanzó una serie de ayudas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), para que las empresas pudiesen disponer de liquidez.
Fueron muchas las empresas que solicitaron estas líneas de aval. La particularidad es que en lugar de ser el propio Instituto quien aporta los fondos, como es habitual, serían las entidades bancarias quienes lo harían. De esta manera, el ICO solo actuaría como avalista en caso de impago del 80% de las deudas contraídas por las empresas.
Es decir, que las empresas firmaron con las entidades bancarias unos avales, entendiendo que era el propio Estado quien se haría cargo de cubrir el 80% de la cantidad prestada y el empresario solo el 20%. No obstante, ahora las entidades financieras pretenden cobrar el total del aval directamente a las empresas.
¿Qué va a pasar con los préstamos ICO?
El proceso se ha judicializado. Son muchas las demandas presentadas por parte de los bancos contra las empresas que accedieron a las líneas de crédito ICO, a quienes están reclamando el 100% del préstamo y lo hacen en dos fases: una primera, en la que únicamente depositaban los intereses; y una segunda, en la que dichos empresarios tienen que devolver el importe total del crédito.
Este periodo de amortización comenzó a exigirse a finales de 2022, con la sorpresa de tener que hacer frente a la totalidad del aval suscrito, cuando estos creían que tan solo tendrían que responder por el 20% del mismo. Mientras tanto, el Instituto de Crédito Oficial se pone de perfil e incluso parece estar poniéndose en defensa de las entidades bancarias.
Consecuencias de no pagar un préstamo ICO
Las consecuencias más graves para estos empresarios, muchos de ellos autónomos y pymes, es que el aval personal compromete sus bienes tanto presentes como futuros contra el impago.
Por ello, mientras el problema comienza a judicializarse, en Lidiare Abogados recomendamos a los afectados buscar asesoramiento con abogados expertos en derecho bancario cuanto antes, para defender sus intereses.